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Visión

 

    Durante los últimos 20 años en América Latina se ha registrado un avance sin precedentes en la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos, que ha estado en la base de la apertura y maduración de los procesos democráticos. Los derechos civiles y políticos, también conocidos como derechos individuales, son cada vez derechos asumidos por la función pública. Los Estados destinan importantes recursos para crear instituciones y políticas que los garanticen. Por ejemplo, Registros Electorales y Tribunales Electorales modernos y fiables; oficinas de Procuradores de los Derechos Humanos o Defensores del Pueblo, independientes y críticos; fuerzas de seguridad reconvertidas hacia la protección ciudadana y garantistas, antes que a la represión; fiscalías y tribunales ad hoc, entre otros.

    Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos colectivos, tienden a individualizarse o privatizarse. Los Estados, en general, han sido debilitados en su papel promotor de un desarrollo económico sustentable con alta movilidad ciudadana y una inserción ventajosa en la globalización. Asimismo se ha restringido su rol garante de regulaciones efectivas de servicios y tarifas, coberturas de redes sociales, eficacia y cumplimiento de normas de calidad de bienes de consumo, y de políticas laborales, fiscales y ambientales congruentes con la cohesión social.

    Los resultados de esta tendencia han sido dramáticamente expuestos en los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que reflejan la persistencia del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. Los indicadores de pobreza no han disminuido, y en algunos casos hasta han empeorado. El ingreso medio de la población se ha visto erosionado. La calidad del empleo y su protección se ha debilitado. El déficit de vivienda aumenta día a día. Enfermedades que se creían erradicadas, han reaparecido, mientras los costos de los servicios de salud se incrementan. Es visible en varios países, como Guatemala, cuadros agudos de desnutrición, mortalidad y hambre.

      Como consecuencia, los problemas sociales se han vuelto críticos. Han aumentado las cifras de niños y jóvenes en la calle, expuestos a la delincuencia, las drogas y la prostitución. Se incrementan los flujos urbanos generando gigantes cinturones de miseria carentes de servicios básicos. Los problemas de criminalidad se desbordan, afectando a todos los ciudadanos, ricos y pobres. Y los flujos migratorios transnacionales comienzan a convertirse en crecientes válvulas de escape.

     El avance de los derechos civiles y políticos ha hecho más notable el rezago de los derechos económicos, sociales y culturales generando en muchos países –y Guatemala no es la excepción-  desórdenes sociales que han llevado a recurrentes crisis de gobernabilidad, lo cual pone en riesgo la viabilidad de las democracias y, con ello, los propios avances de los derechos individuales.

     El primer indicador de impacto de riesgo de la situación antes descrita sobre la vigencia de los derechos civiles y políticos, es el debilitamiento y consiguiente descrédito de los partidos políticos. Tal como lo demuestra la historia de la democracia de los últimos 200 años, sin partidos políticos no es posible construir y consolidar la democracia. Pero en todas las encuestas recientes en América Latina, los partidos son las instituciones peor calificadas por la ciudadanía. A los partidos se les asocia con incapacidad de realizar satisfactores sociales, ineficacia administrativa y poca transparencia.

     Y es que en la medida en que el poder económico e ideológico tiende a concentrase, el poder político tiende a descentralizarse. La política, y los partidos como sus instrumentos de realización por excelencia, han perdido sus capacidades históricas de transformación de la vida social y económica, y por la vía del financiamiento se han convertido en rehenes de los poderes fácticos. Los electores eligen Presidentes y Parlamentos que no logran cristalizar sus promesas de campaña, pues la carta de navegación de los gobiernos está escrita en los centros de poder económico. Ello genera desilusión hacia los líderes, desconfianza en los gobiernos y un malestar general hacia la democracia. Vivimos una democracia de malestar por las expectativas y demandas sociales insatisfechas.

    De manera que el relanzamiento de los procesos democráticos y la generación de condiciones de gobernabilidad están íntimamente vinculadas al establecimiento de un equilibrio entre los poderes económico e ideológico y el político, como medios para alcanzar la cohesión social. Y ello será posible mediante la confluencia de las así llamadas  “generaciones” de los derechos humanos. Se trata de canalizar el vigor de los derechos civiles y políticos para recuperar la política y sus herramientas de mediación, los partidos políticos, para que a su vez éstos, desde las instituciones del Estado, promuevan la obligatoriedad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto a nivel nacional como internacional, así como hoy día ya sucede con los derechos de “primera generación”.

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Misión

La Fundación DESC tiene como preocupación central promover acciones, proyectos y programas que articulen, mediante la acción de los agentes políticos, partidarios y no partidarios, los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales como forma de encontrar una gobernabilidad democrática para la cohesión social, ahora seriamente erosionada.

Para tales efectos, la Fundación DESC promueve estudios, investigaciones y propuestas como bases de reflexión, diálogos y debates entre la sociedad, los partidos y el Estado. A la vez realiza cursos, seminarios y programas de formación a varios niveles entre agentes sociales, políticos y empresariales, en un espíritu crítico y abierto, con énfasis en los jóvenes, las mujeres, los líderes de los indígenas, en las zonas rurales y urbanas marginales, aunque sin descuidar a sectores intelectuales universitarios, empresarios y formadores de opinión.

Adicionalmente, la Fundación DESC es partícipe de sumarse a coaliciones programáticas y estratégicas con redes nacionales y extranjeras que sean compatibles con su visión y misión, en un espíritu pluralista y de complementariedad. En tal sentido la Fundación le otorga una especial importancia a la divulgación de sus análisis y propuestas a través de medios escritos y electrónicos.

Bajo esos principios, la Fundación DESC aspira a ser un agente activo y propositivo en la sociedad y el Estado, nacional e internacionalmente, de una agenda amplia de promoción de la integralidad de los derechos humanos en un marco de gobernabilidad democrática, la cual deberá alcanzarse a través de políticas públicas de cohesión social.

 La integralidad de los derechos humanos significa un grado de equiparación del reconocimiento y obligatoriedad de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de actores gubernamentales como privados, nacionales como internacionales. Eso significa un rediseño de la legislación, las políticas e instituciones del Estado y la sociedad, así como de los instrumentos de control y seguimiento de orden internacional, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otros.

 La Fundación DESC entiende que estos grandes propósitos se pueden promover en cada país y regionalmente mediante conocimiento, reflexión, formación y divulgación, acciones y proyectos que son la base de su programa de trabajo. A la vez, cree además indispensable el rescate de la política y la renovación de los partidos como condiciones para la cristalización de su misión y la promoción del ejercicio democrático. Para ello aprecia como un singular propósito que los partidos incorporen actores y propuestas de la ancha veta de la sociedad, así como generar, de manera creciente, acciones transnacionales de integración y solidaridad.

Es misión de la Fundación DESC, desde el punto de vista de los derechos humanos, promover la seguridad humana, comprendiendo ésta la realización efectiva del derecho humano a la libre determinación establecida en el artículo primero común a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales... En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia... Los Estados... promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación.”

Por otro lado, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en sus artículos primero y segundo la protección a la persona y los deberes del Estados en estos términos: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Para la Fundación DESC ambas referencias otorgan el contenido y legitimidad de las instituciones y sus procedimientos, y señalan la finalidad de las funciones y propósitos que identifican al Estado con la nación a la que sirve. Pero además, la Fundación está consciente que la soberanía nacional nace de comunidades humanas, pueblos y naciones de diferentes orígenes y culturas. Y que es a través de un proceso histórico que terminan por reconocerse en su diversidad como participando de una misma identidad de pertenencia.

El Estado de Guatemala, en nuestro caso, es el futuro de ese proceso. Pero lo será en la medida en que ello se exprese en sus instituciones sociales y políticas. Por eso éstas necesitan responder y reflejar al conjunto de los pueblos que lo integran, sin negarlos o reducirlos. Más bien creando un campo de encuentro en el cual unos potencian a los otros, para que cada uno desarrolle todo el potencial de su cultura de un modo solidario con los demás.

Promover la seguridad humana como un valor supremo del orden constitucional del Estado Democrático de Derecho, será otra misión de la Fundación, entendiendo que la seguridad se genera por medio de políticas públicas de desarrollo, y no fundamentalmente a través de políticas de defensa nacional. Por tanto, producir seguridad humana es crear condiciones y calidades de vida institucional, económica, social y personal, lo cual comprende acciones positivas.

Por todo lo anterior, la Fundación DESC asume como misión promover acciones encaminadas a que países como Guatemala se acerquen a un ideal democrático, bajo principios de pacifismo, apertura y modernidad, integrados a la pluralidad de naciones que en el mundo levantan las más caras aspiraciones de libertad y dignidad humanas. Somos conscientes de los riesgos y oportunidades de nuestro país, y por eso como Fundación DESC aspiramos a asumir responsablemente nuestros compromisos y derechos.

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Objetivos

La Fundación DESC se propone abrir espacios de reflexión, estudios de la realidad, participación en redes de incidencia y promoción de actividades políticas;

Aspira a ser un agente activo tras la consecución de un ideal de democracia pertinente y eficaz para atender los graves problemas de pobreza y exclusión;

Quiere sugerir canales de movilidad social y política. Procura la democratización del Estado y la promoción de una sociedad progresista, que gane confianza en el principio del desarrollo institucional, incluyendo la necesidad de partidos políticos renovados;

Desea alertar a la sociedad de que el desborde oligárquico sobre el Estado y sus centros nerviosos de seguridad, justicia y regulación de recursos naturales constituye una amenaza para las libertades, el desarrollo y la paz;

Trata de vislumbrar oportunidades de cambio democrático, a la vez que advertir sobre los riesgos de replicar el patrón histórico excluyente en la formación de capital, si no se asume como función de Estado la creación del capital humano (nutrición, salud, educación) y  la recuperación del capital social (organización, valores, confianza, solidaridad) para un crecimiento sustentable.

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